El pasado viernes, 2 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro informó
que los puntos de venta presentaron problemas para concretar transacciones en
todo el país.
El gobierno nacional enseguida responsabilizó a la empresa Credicard por
el ataque cibernético, relacionada a las operaciones con tarjetas bancarias, de
perpetrar este ataque. Por órdenes de Maduro, el Servicio Bolivariano de
Inteligencia (SEBIN) arrestó a la directiva de esta empresa.
El mandatario señaló que no es la primera vez que intentan sabotear la
economía del país, pues en 2013 la Corporación Suiche
7B dejó sin servicio de cajeros automáticos a toda Venezuela. En ese mismo
orden de ideas, el jefe de estado alegó que funcionarios del Departamento del
Tesoro de Estados Unidos estarían detrás del presunto “ataque financiero”, el
cual arreció desde octubre pasado. Evidentes circunstancias empíricas nos
obligan a plantear los hechos desde la posibilidad de una guerra de 4ª
generación, del mismo modo crece la incertidumbre ante la vulnerabilidad del
sistema financiero: ¿Estamos ante una nueva modalidad de practicar terrorismo
en las redes?
El chavismo ha señalado que el presunto ataque cibernético forma parte
de la llamada guerra económica, que según el PSUV son planes de sabotaje
económico para crear discordia en la población.
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